Los Pueblos Indígenas y Autoridades Ancestrales de Guatemala manifiestan que no han negociado ninguna tregua en relación a las protestas y bloqueos de carreteras y piden al presidente Alejandro Giammattei que exija la renuncia a la Fiscal General.
El gobernante guatemalteco dijo este viernes 13 de octubre que no puede destituir a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, como le exigen los manifestantes que acusan a las autoridades de obstaculizar la transición del Gobierno, y se defendió asegurando que estaría incurriendo en un «abuso de autoridad».
Giammattei argumentó que «el presidente de la República no puede remover de forma directa a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público», porque se trata de una medida «inviable (…) ya que este no cuenta con las facultades directas para proceder con la remoción».
En este sentido, el mandatario guatemalteco hizo hincapié en que el Jefe de Estado debe respetar la Constitución y ejercer sus funciones «en estricto apego del principio de legalidad».
«Por ello, es importante citar el artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público (…) que establece, y lo cito textualmente, que el presidente de la República podrá remover al fiscal general de la República por causa justificada debidamente establecida. Se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada», explicó el presidente Giammattei.
«Esa ley no la pusimos nosotros. Esa ley se puso en tiempo de CICIG (siglas de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) para proteger a la señora Thelma Aldana (entonces jefa del ente). Hoy quieren que yo la ejecute como era antes y no se puede. No lo puedo hacer y, al pedirlo o al tratar de hacerlo, estaría cometiendo un delito que se llama extralimitarme en mis funciones, un abuso de autoridad», sentenció el mandatario.
Estas declaraciones de Giammattei fueron formuladas después que las autoridades indígenas de Sololá, presentaran el miércoles 11 de octubre, una solicitud ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para exigir la destitución de Consuelo Porras, tras los últimos registros llevados a cabo por el Ministerio Público en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Esto se produjo en el marco de las protestas y bloqueos, que estallaron después de que nuevos registros de la Fiscalía en los que incautaron las actas de las elecciones presidenciales, ganadas por el actual presidente electo, Bernardo Arévalo.
Los bloqueos en las carreteras están protagonizados fundamentalmente por sectores indígenas, civiles y estudiantes, que exigen la dimisión de Porras, así como la del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana.